El objetivo es mejorar la protección de los pequeños inversores frente a los fondos de inversión que asumen riesgos excesivos o innecesarios con su dinero.
Las nuevas reglas establecen que al menos la mitad de la parte varible de la remuración de los gestores de fondo de inversión se paguen en activos del propio fondo.
Todos los Estados miembros deberán incorporar a sus legislaciones nacionales penas administrativas para los fondos que incumplan estas reglas, entre ellas la suspensión de autorización y la prohibición temporal y permanente de ejercer para los gestores responsables. Las empresas serán multadas con hasta el 10% de su facturación anual o 5 millones de euros y los gestores con hasta 2 millones de euros.